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El
presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición
Cívica-ARI, Walter Martello, solicitó este martes una copia de las
actuaciones que se están instruyendo en el Departamento Judicial de San
Martín debido a las denuncias de los padres de un niño de Los
Polvorines, que padece autismo severo y que requiere de un tratamiento
domiciliario, a quien el IOMA le está negando prestaciones
(Redacción) Franco
Ortiz es un adolescente de 15 años, cuyo caso-en 2006-ya fue analizado
por la Justicia, cuando sus familiares presentaron un recurso de amparo.
Según aseguró el legislador a través de un comunicado de prensa, de
hecho existe una sentencia firme que obliga al IOMA a darle tratamiento y
pañales. Pero, debido a distintas argucias legales instrumentadas por
autoridades de la obra social, la cobertura se habría interrumpido el
pasado mes de junio.
Ante esta situación, Martello requirió detalles de la actuación de los
integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín:
Jorge Augusto Saulquín, Hugo Echarri y Ana María Bezzi.
Concretamente, hay sospechas de que, en lugar de hacer cumplir la
sentencia que ellos mismos firmaron, estarían dilatando los plazos,
siendo funcionales a los pedidos de los funcionarios de la obra social.
La maniobra sería la siguiente: pese a que muchos afiliados presentan
recursos de amparo y obtienen sentencias favorables a sus reclamos, la
Fiscalía de Estado impulsa medidas para dilatar los tiempos:
apelaciones, recursos de queja, etc. sin importar que en varios casos se
pone en riesgo la salud de pacientes con severas patologías.
Se llegó al extremo, en el caso de Franco, que la Fiscalía impulsó un
recurso para que no se haga efectiva la entrega de 450 pañales, siendo
que el IOMA tiene un presupuesto de más de $8.100 millones. Más grave
aún resultó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín
consideró admisible el recurso.
Martello viene denunciando distintas irregularidades en la obra social,
por lo que este año presentó un proyecto para crear una comisión
investigadora en la Cámara de Diputados bonaerense. Además, impulsa una
reforma integral para democratizar la obra social, permitiendo que los
afiliados puedan votar, en comicios directos, a dos representantes para
formar parte del directorio.
"Este tipo de casos, donde está en juego la vida de los más indefensos,
nos lleva a pensar que muchas veces existe connivencia entre el poder
político y algunos actores del poder judicial, sin importar que se
violen tratados internacionales y distintas leyes como las que amparan a
Franco. Si los afiliados estuviesen debidamente representados en el
IOMA, que se financia con el dinero de los trabajadores, este tipo de
casos no se producirían", sostuvo Martello.
Agregó: "Pareciera que el pecado de Franco es la lucha de sus padres
para que todos los chicos con capacidades diferentes tengan el
tratamiento que se merecen".
Indignados por lo que le está sucediendo a Franco y a su familia,
vecinos de Los Polvorines se congregarán el próximo 22 de agosto frente
al Juzgado de Paz de Malvinas Argentinas, en calle Godoy Cruz 2250, para
repudiar la actitud del IOMA. También exigirán Justicia para todos los
niños con capacidades diferentes que están atravesando por una situación
similar.
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