Compartimos a través de este post la postura de la Confederación Autismo España respecto a la anulación de las subvenciones estatales a las ONG.
Autismo España quiere mostrar su absoluto desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2015 que declara nulo el Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
La sentencia concluye que, en materia de asistencia social, las comunidades autónomas que hayan asumido dicha competencia en sus respectivos Estatutos tienen competencia exclusiva (artículo 148.1.20ª de la CE), negando a la Administración General del Estado la posibilidad de desarrollar acciones en materia de asistencia social, tales como la publicación de convocatorias para el otorgamiento de subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito y alcance estatal.
Para el Tribunal Supremo, la única opción que le queda al Estado para intervenir en materia de asistencia social -en línea con esta sentencia y con una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional- consiste en desarrollar acciones de manera genérica o global, por sectores o subsectores enteros de actividad, integrando los fondos estatales que se asignen en las haciendas autonómicas, consignándose en los Presupuestos Generales del Estado como transferencias corrientes o de capital a las Comunidades Autónomas; vía ésta que deja a la Administración General del Estado un escaso margen de actuación.
El presidente de Autismo España, Miguel Ángel de Casas, considera que “esta sentencia supondría la desaparición de buena parte de las organizaciones de la discapacidad de ámbito estatal que sustentan sus estructuras y posibilitan la sostenibilidad de sus proyectos gracias a las subvenciones recibidas del Estado, vía IRPF o Tercer Sector, si no se produce una reacción por parte del gobierno”. Casas añade que “la capacidad de apoyo y la sostenibilidad de los proyectos impulsados desde Autismo España en beneficio de las 74 entidades que la conforman se verán gravemente perjudicados por esta resolución”.
Autismo España, junto con el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), y resto de organizaciones articuladas en torno a la Plataforma del Tercer Sector, desplegará toda la actividad necesaria de incidencia política por considerar que dicha sentencia puede tener un efecto devastador para el Tercer Sector estatal y provocar incluso la extinción de muchas entidades (que hoy son cerca de 30.000) que prestan servicios imprescindibles de asistencia social a más de 6 millones de personas en España. En el caso concreto del movimiento asociativo del autismo, como señala el presidente de la organización estatal, “a más de 450.000 personas con TEA, un millón si se tienen en cuenta las familias”.
Desde Autismo España vamos a hacer un llamamiento a todas nuestras entidades para de forma unida alertar sobre los efectos que la anulación del Real Decreto y la exclusión de competencias de la Administración General del Estado en un ámbito tan delicado y fundamental de la acción pública, como la asistencia social, puede acarrear. Efectos tales como: la más que posible desaparición de muchas organizaciones sociales de ámbito estatal; el deterioro de la cohesión social y la convergencia del movimiento asociativo; un agravamiento de las desigualdades territoriales en el conjunto del Estado; y, finalmente, la generación de graves e irreparables perjuicios a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país (entre los cuales, significativamente, a las personas con TEA y sus familias), que serán los más directamente damnificados por cuestiones competenciales del Estado. Todo lo cual podría incluso -a nuestro juicio- poner en entredicho el carácter social que proclama nuestra Constitución.
Desde Autismo España entendemos que el diálogo es la forma de encontrar una solución y por eso mostramos nuestra disposición al mismo, siendo conocedores de que contamos con el respaldo del Gobierno, tal y como ha declarado recientemente el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, quien ya ha manifestado públicamente su disconformidad con la sentencia.
