Palencia, 6 feb (EFE).- Los padres de un niño palentino de 8 años con
autismo han reclamado al Tribunal Constitucional el derecho de su hijo a
estudiar en inclusión, a no ser "segregado" en un colegio de educación
especial y el derecho de los padres a decidir la educación que quieren
dar a sus hijos.
Azucena y José Alberto, padres de un niño
palentino de 8 años con diversidad funcional, fueron imputados en
diciembre de 2011 por un delito de abandono familiar, ya que se negaron a
llevar a su hijo al centro de educación especial de Palencia al que les
obligaba la administración educativa, según ha informado la asociación
Solcom en un comunicado.
Según ha explicado esta asociación para
la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y
la inclusión social, los padres de Daniel llevan más de cuatro años
luchando por la integración de su hijo, desde que "rehusaron condenarlo a
la segregación en un centro de educación especial" al que fue derivado
de manera obligatoria por la Delegación de Educación de Palencia.
El
niño está desde entonces en su casa, a causa de una decisión
administrativa que, según los padres y Solcom, "vulnera e ignora un
tratado de derechos humanos, así como el derecho constitucional de
Daniel a ser igual ante la ley".
La familia denuncia que la
administración educativa se ha negado a proporcionar los apoyos
necesarios en el aula para que el niño disfrute de su derecho a una
educación inclusiva, en su colegio ordinario, y en igualdad al resto de
niños.
"Ahora se encuentran imputados por un supuesto delito de
abandono familiar y Daniel sigue sin poder disfrutar de su derecho
fundamental a la educación en igualdad", ha recordado la asociación.
La
última sentencia judicial del pasado 11 de noviembre "sigue negando a
Daniel su derecho humano a asistir a un colegio ordinario y a los padres
se les sigue negando el derecho constitucional a decidir la educación
que quieren dar a su hijo".
Los padres del niño han presentado
un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que estarán
apoyados y respaldados por Solcom, agotando todas las vías judiciales
existentes en este país, antes de recurrir, si fuese necesario, al
Comité de la ONU.
Solcom recuerda que el derecho a la educación
inclusiva está reconocido en el artículo 24 de la Convención de la ONU
sobre los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad, así como en
los artículos 10, 14, 15, 24 y 27 de la Constitución Española. EFE
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