Es
bien sabido que la crisis económica lleva un tiempo poniendo en
evidencia qué intereses son los que protege el Gobierno de España, y
ojo, esto no es una cuestión de color político, con el Gobierno anterior
ya pasaba ya lo mismo. Y es que la defensa de los derechos ciudadanos
es una cuestión accesoria y de baja categoría para los gobernantes de
este país. John Fitzgerald Kennedy dijo “La grandeza de una nación se mide en como trata a sus ciudadanos más desfavorecidos”,
por tanto España es una nación que se empeña en ser diminuta. Y esto no
es una cuestión baladí, es más importante de lo que pueda parecer a
priori, ya que la ruptura que genera este desinterés implica que al
Gobierno los problemas ciudadanos le importan bien poco, ya que sus
prioridades están encaminadas a preservar los intereses de quien
realmente manda, sencillamente hacen caso a la voz de su amo.
Y quienes más requieren de este apoyo del Estado, que
en resumen es el apoyo de todo el país, son las personas que menos
reciben, incluso me atrevo a decir que son quienes acaban pagando la
cuenta del festín. En una situación donde la pobreza se extiende a gran
velocidad y Cruz Roja hace campañas de recaudación de fondos a nivel internacional para asegurar que los niños catalanes con menos recursos puedan tener al menos una comida digna
(mientras los gobernantes se lo pasan bomba hablando de independencia
se olvidan de los ciudadanos en situación de dependencia, ¿paradójico,
no creen?). Estamos en un momento donde la palabra democracia
suene a chiste de mal gusto, y es que la ciudadanía no pinta nada, no
tiene voz ni voto porque ya no son ciudadanos, son sencillamente siervos de la gleba (Rae: Esclavo afecto a una heredad y que no se desligaba de ella al cambiar de dueño).
Y en esta situación tan truculenta nos encontramos
con otro de los aspectos terribles que han contribuido a la situación
actual, los impagos de las administraciones públicas. Hoy las
Administraciones Públicas Españolas son los mayores morosos de toda
Europa, pero son los ciudadanos los que engrosan las listas de morosos y
quienes ven como sus propiedades son embargadas y ejecutadas. Y en el
caso particular de los niños y niñas españoles con Trastornos del
Espectro del Autismo (TEA) , la situación se convierte en algo terrible
que afecta a muchos de un plumazo. Y es que la mayor cobertura
terapéutica y de intervención temprana que se da a la infancia con TEA
viene del sector privado, ya que los centros públicos no se han dotado
de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios como para dar
una atención adecuada a este grupo de población, y en la línea de privatizar externalizar
servicios, se contrata a centros privados donde sí hay profesionales
formados y medios.
Casi como tónica general estos servicios los contrata
la Consejería de Sanidad de turno que llega a acuerdos con centros
privados para que sean éstos quienes den la atención a este grupo de
niños y niñas, a cambio la Consejería les paga una cantidad pactada por
niño. Hasta aquí suena hasta bien, una forma interesante de crear una
red de centros específicos para dar atención temprana a niños sin que la
Administración tenga que calentarse mucho la cabeza.
Pero el problema viene cuando estos centros se llenan de niños que vienen a recibir terapia pagada
por la Consejería de Sanidad, y claro, estos centros deben adecuarse al
volumen de niños, hacen pequeñas ampliaciones, se dotan de más medios o
personal para poder cumplir con unos niveles de calidad que aseguren
que la intervención que llevan a cabo sea la mejor posible. Que no se
engañen, ricos no se hacen, que tampoco les pagan tanto. Hasta aquí
parece algo estupendo, pero la realidad es mucho menos bonita. La
Administración paga tarde, mal y nunca, con lo cual estos centros
privados se ven en una situación terrible, deben de seguir prestando
servicios, están obligados por contrato, pero como no cobran se tienen
que endeudar (si es que algún banco les deja el dinero) hasta límites
insospechados.
Y curiosamente deben seguir pagando impuestos por unas
facturas que NO han cobrado, no pueden incumplir pagos a la Hacienda
Pública o a la Seguridad Social (en caso contrario se les imponen
recargos mínimos del 20% y sanciones que pueden llegar al 100% de la
deuda). Y al final la situación pues acaba explotando, los centros (y
sus propietarios) se arruinan, no pueden pagar sus compromisos por
motivos obvios. Tienen un caso concreto aquí, referido al centro CEDIN de Valencia, pero cada centro concertado les va a contar exactamente lo mismo
¿Y ante este panorama qué hacemos?
Este tipo de situaciones se repite por toda España,
hay algunos casos más sangrantes que otros, pero al final el problema es
el mismo. Sólo en la ciudad de Valencia (En el resto de la Comunidad
Autónoma no quiero ni saberlo, y la deuda en toda España da miedo) la
Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana tiene aproximadamente
una deuda que ya supera el 1.000.000 de euros con los centros
concertados (solo hay que llamar a estos centros y preguntar cuanto les
deben), que quizá para los gestores de las multinacionales de la Sanidad
Privada que obtienen concesiones para gestionar la salud pública esta
cifra sea ridícula, ya que ellos sí tienen financiación por parte de la
banca que finalmente es la que mueve los hilos, banca que en muchos
casos presta a estas grandes corporaciones dinero proveniente de
rescates públicos que pagamos los ciudadanos. Pero en esta situación tan
lamentable lo más triste de todo esto es la puntualidad con la que el
Gobierno dice pagar su deuda externa (con los lobbies financieros que
los sostienen), pero luego son incapaces de pagar la deuda con sus
proveedores nacionales.
Esta situación es extensible a otros ámbitos de la
vida de los niños y niñas con autismo. Si el acceso a una intervención
temprana de calidad se está convirtiendo en algo exclusivo de ricos y
miembros del partido del gobierno (al más puro estilo de Politburó
Estalinista) en lo relativo a educación estamos en las mismas. Siguen
sin diseñarse las políticas adecuadas para que TODOS los niños y niñas
con TEA reciban una educación adecuada a sus necesidades reales. Bueno,
la verdad es que incluso se están llevando acabo acciones justo en la
línea contraria, y tampoco parece haber siquiera un consenso entre las
propias administraciones sobré qué hacer con estos niños, cosa más grave
aún, ya que los modelos adecuados para la educación de TODAS las
personas con TEA existen y están disponibles para cualquiera que lo
desee. Quizá ese sea el problema, ¿Desean las Administraciones Públicas
trabajar para proteger los derechos de los niños y niñas con TEA de
España? Me temo que no, a los hechos me remito.
(Tomado de página Autismo Diario)
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