Elena Pérez Salas, una niña autista de siete años, iniciará el próximo mes de septiembre el curso en el colegio público Donoso Cortés, situado en la avenida de la Hispanidad, donde estudian cerca de 300 alumnos. Sus padres solicitaron plaza en este centro en el periodo ordinario abierto por la Consejería de Educación para la admisión de nuevos alumnos en mayo. Y la consiguieron. El ingreso de Elena en uno de los quince colegios públicos de la ciudad se ha convertido en noticia porque su caso arrastra una larga lucha mantenida entre sus padres, Ana Belén y Félix, y la administración.
La niña había realizado sus estudios de Infantil (de 3 a 5 años) en otro colegio público: el Francisco de Aldana, situado en el R-66. Y en septiembre de 2010 debería haber iniciado sus clases de Primaria en este mismo centro. Pero todo se complicó a raíz de un informe emitido por profesionales de la Consejería de Educación, que indicaba que Elena debía ser escolarizada en un centro de educación especial y no en uno ordinario. Por eso, a la menor se le adjudicó plaza en PROA. Sus padres se negaron a acatar esta decisión y pusieron el caso en manos del abogado Ángel Luis Aparicio. Denunciaron que la escolarización de su hija se había llevado a cabo sin su permiso y que, además, detrás de todo el proceso se escondía una maniobra de los padres de alumnos del Francisco de Aldana para que la niña no siguiera en este colegio. Acusación que fue negada por la Asociación de Madres y Padres del centro. También denunciaban que la Delegación Provincial de Educación había revelado los informes psicopedagógicos con datos de la menor a los progenitores del colegio del R-66.
Ante esta situación, la familia Salas-Pérez pedía que su hija fuera admitida en el colegio Donoso Cortés, un centro ya conocido por Elena, puesto que es el único de la ciudad que cuenta con un aula estable. A esta aula acuden alumnos con discapacidad de toda la ciudad para recibir atención especializada, que compatibilizan con sus clases ordinarias en sus respectivos centros. Pero Elena no logró plaza el curso pasado en este colegio. Sus padres expusieron la situación ante los medios de comunicación y se reunieron con el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para tratar de lograr su objetivo. Pero no lo consiguieron.
El tiempo transcurrió y el pupitre de Elena en PROA se quedó vacío. La niña ha pasado todo el curso 2010/2011 sin pisar un aula. Ha recibido clases particulares en su casa, que ha combinado con su asistencia a los talleres impartidos por Aftea, la Asociación de Familias de Personas con Trastornos del Espectro Autista, en su sede de Nuevo Cáceres.
Nuevo colegio
El próximo mes de septiembre, tal y como deseaban sus padres, la niña iniciará sus clases en el Donoso Cortés. «La directora me ha comunicado que ya ha solicitado un especialista de apoyo para que esté con Elena en el aula», cuenta la madre. La menor combinará sus clases ordinarias con su asistencia al aula estable, igual que cuando estudiaba en el colegio Francisco de Aldana. No obstante, Ana Belén se muestra prudente con la buena noticia. «He pasado tanto que hasta que no llegue el día y vea entrar a mi niña por la puerta del colegio no me lo voy a creer», confiesa. «Ha sido un año muy malo para Elena. Ha perdido muchísima formación», apostilla.
¿Qué ha cambiado para que hace un año Elena fuera matriculada en un colegio de educación especial y el próximo curso haya sido admitida en un centro público? ¿Ya no tienen validez los informes psicopedagógicos que siguió la Junta para escolarizarla en PROA? «No sé si tienen o no validez hasta que no hable con mi abogado. Pero yo deduzco que quedarán como una propuesta de escolarización que ofreció la Junta. La última palabra en este tema la tenemos los padres. Para el desarrollo y la integración de la niña lo mejor es que vaya a un colegio ordinario. Ya habrá tiempo para ir a un colegio de educación especial», resume Salas.
Atrás quedan meses intensos de llamadas, de apariciones en prensa -incluso en medios nacionales- y de muestras de solidaridad. Su caso llegó hasta la Asamblea de Extremadura en el mes de enero. Antonio Tejero, entonces director general de Calidad y Equidad Educativa, explicó en la Comisión de Educación que a Elena se le había asignado plaza en PROA al considerar que era el entorno de enseñanza y aprendizaje más adecuado de acuerdo al dictamen psicopedagógico y que el derecho de los padres a la hora de elegir centro no es ilimitado. César Díez Solís, actual secretario general del área educativa de la Junta de Extremadura, apuntó que la administración estaba cometiendo una irresponsabilidad al no permitir que Elena asistiera al mismo colegio ordinario que el resto de sus compañeros.
Ana se muestra cauta y no canta victoria. Su alegría no es completa. Quiere que alguien pague por el daño que, asegura, se la ha causado a su hija durante el último año. Dice que seguirá adelante en los tribunales contra los responsables educativos que emitieron el dictamen y los que lo acataron, salvo en el caso de que reconozcan en público «su error». «Alguien tiene que dar la cara», dice.
«Mi hija tiene dignidad y tiene el mismo derecho que cualquier otro niño a estudiar en un colegio ordinario. Pero sé que esto no se acaba aquí. Me queda toda la vida para seguir luchando. Cuando tienes un hijo con una diversidad, tienes que demostrar muchas cosas ante la sociedad. Me quedan muchos pulsos por echar», advierte. «Educar no es segregar. La educación es de todos y cosa de todos».
No obstante, dice haberse sentido arropada durante todo este proceso. Ana trabaja como vendedora de la ONCE en un quiosco situado en la avenida de España. La situación de su hija, cuenta, la ha obligado a ausentarse de su puesto de trabajo en más de una ocasión. Por suerte, ha contado con la comprensión de sus jefes. «Quiero dar las gracias ala ONCE; a Juan Carlos, el director; a Nemesio, el subdirector; así como al inspector de ventas. Y quiero pedir disculpas a todos mis clientes». En su andadura también ha contado con el respaldo y el asesoramiento de Solcom, la asociación para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social. Esta asociación contará a partir de septiembre con una delegación en Cáceres. Ana será su presidenta. Todavía queda mucho trabajo por hacer, asegura.
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