El 80 por ciento de los integradores sociales no han vuelto a sus aulas este curso
La decisión que tomó la Comunidad de Madrid de
no contratar a integradores sociales, enfermeros, fisioterapeutas y
técnicos que ya venían trabajando en los colegios con aulas de
integración de niños con Trastornos Generalizados del
Desarrollo no parece tener vuelta atrás. A pesar de las concentraciones
en las aceras de los edificios públicos. A pesar de las 97.000 firmas recogidas vía Change.org por una madre
preocupada por cómo afectará a las "necesidades de apoyo intensivo,
personalizado y continuado" que presentan estos niños. La intención de
los socialistas madrileños de llevar este asunto a los tribunales
tampoco pesa, ni las denuncias individuales que van a interponer los
cientos de técnicos de apoyo relegados. Ni tan siquiera "el fraude de
ley" que Marisol Panadero, integradora y afectada por esta decisión,
plantea como subyacente en estas contrataciones.
La pretensión de la Consejería de Educación es cumplir con la legislación laboral que impide que un trabajador concatene contratos temporales más allá de los 24 meses
en un periodo de 30. La Comunidad cifra a los afectados en 200 de los
700 que tenían destino el curso pasado, aunque a la portavoz de la
plataforma que está planteando las moviliaciones le parece que la cifra
de 200 "se queda corta" ya que "al menos 100" son los integradores
afectados y estiman otros tantos por cada ocupación. Cuando este verano
la Administración regional detectó que no podía seguir contratando por
obra a los mismos técnicos que venían desempeñando el refuerzo con
niños, sobre todo, afectados con Trastorno del Espectro Autista, no decidió hacerles fijos, sino buscar a otros a los que legalmente pudiera hacerles el contrato temporal.
Desde el año 2000 se cubrían estas vacantes con la bolsa de trabajo de
la Comunidad de Madrid pero este curso se están cubriendo el 80 por
ciento de las plazas de los colegios con contratados mediante el
Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). "La tasa de reposición
establecida por el Gobierno Central en todas las administraciones para
este tipo de personal en el 2013 es 0", explica la Consejería. "Esto
hace imposible la renovación, por parte de la Consejería de Educación,
de estas casi 200 personas. Lo contrario supondría infringir la Ley".
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