24 de mayo de 2013

México desconoce número de personas adultas con autismo

Escrito por Ignacio Arellano Mora/ElGolfo.info
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos Primera, una iniciativa presentada por la Senadora Diva Gastélum Bajo que reforma  la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Salud.

Se presentó con la finalidad de promover, atender y cuidar de las personas que padezcan algún tipo de Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD), de forma particular el Autismo, además de dotar de claridad y precisión a nuestras normas vigentes, en congruencia con los preceptos y principios de los tratados internacionales.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que el autismo afecta a 21 de cada 10 mil niños y tiene mayor prevalencia en varones. Por cada cuatro niños con autismo, tan solo hay una niña.

Cabe señalar que el autismo es un síndrome conductual de características evolutivas crónicas que se van a caracterizar por severas dificultades en el ámbito social, trastornos del lenguaje, y restricciones en el área de intereses.

Actualmente en México contamos con aproximadamente 45,000 niños autistas entre toda la población, de acuerdo con los datos revelados por la Clínica Mexicana de Autismo, además de que el autismo se incrementa 17% cada año y que se ignora el número de adultos que existen actualmente en México ya con este padecimiento.

A nivel Internacional, el Autismo es regulado en diversos ordenamientos, claro ejemplo de ello es la Carta de Derechos de las Personas con Autismo, adoptada por el Parlamento Europeo en 1992, en donde se enuncian los principales derechos que tienen las personas con Autismo.

De igual forma, la legisladora sinaloense presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de igualdad, paridad y alternancia de género; misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como de Estudios Legislativos.

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